El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, publicada en BOE del 28 de febrero, El capítulo II del mencionado RDL, contiene tres medidas relativas al fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social.

Se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en lafijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores, esta medida puede ser tomada como una similitud de ampliación de la tarifa plana que finaliza el 31 de marzo de 2015 (prorrogada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015).

El beneficio en la cotización se aplicará durante un período de 24 meses, computados a partir de la fecha de efectos del contrato, que deberá formalizarse por escrito, y respecto a los celebrados entre la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley (1-03-2015) y el 31 de agosto de 2016.

Finalizado el período de 24 meses, y durante los 12 meses siguientes, las empresas que en el momento de celebrar el contrato al que se aplique este beneficio en la cotización contaran con menos de diez trabajadores tendrán derecho a mantener la bonificación o reducción, si bien durante este nuevo período estarán exentos de la aplicación del tipo de cotización los primeros 250 euros de la base de cotización o la cuantía proporcionalmente reducida que corresponda en los supuestos de contratación a tiempo parcial.

Otra mediad adoptada en este RDL es fijar en 20 el número de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de determinadas provincias para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, y en el artículo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, así como de la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril (art. 10).

Por último y como tercera medida, se establecen beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional autónomo deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad (art. 9).